Legalización del trabajo domestico, entre estigmatización e informalidad

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“La chacha”, “la niña de la cocina” o “la sirvienta” son las maneras despectivas para referirse a las empleadas domésticas en América Latina, donde si bien se han registrado avances para legalizar este oficio, sigue siendo mal pagado o se equipara a la esclavitud y la explotación infantil.

A ello se suma la informalidad, los fallos en remuneración y de seguridad social y la ausencia de regulación, lo que ha convertido el asunto en uno de los principales temas de reclamo a propósito de la celebración del Día Internacional del Trabajo.

Datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) apuntan que el 7 % de las personas ocupadas de Latinoamérica (unos 18 millones) se dedica al trabajo doméstico y el 93 % de ellas son mujeres.

Trabajo informal

El trabajo doméstico constituye el 10 % del total de empleo informal de Latinoamérica, lo que lo ubica como una de las ocupaciones con mayores índices de informalidad.

A pesar de que esa modalidad se ha reducido en un 2,6 % y que países como Paraguay, México y Colombia ya cuentan con normativas al respecto, se estima que un 77,5 % de quienes ejercen el trabajo doméstico en la región lo hace de manera informal, afectando especialmente a las migrantes.

María Arteta, especialista de Género y No Discriminación de la OIT, subrayó a Efe que el trabajo doméstico remunerado “es una de las ocupaciones con peor calidad del empleo: extensas jornadas de trabajo, bajas remuneraciones, escasa cobertura de seguridad social y alto nivel de incumplimiento de las normas laborales”.

Por ello el organismo ha señalado que es necesario tomar medidas urgentes, en especial en países como Argentina, Brasil, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Panamá, República Dominicana y Uruguay, donde los ingresos por el trabajo doméstico son iguales o inferiores al 50 % del promedio de personas ocupadas.

La lucha

La discriminación, abuso y mala paga persisten en varios países, situación que es más alarmante entre niñas menores de 18 años que migran del campo a la ciudad para trabajar en casas, donde en muchos casos no les respetan sus derechos e incluso existen denuncias de esclavitud.

En Paraguay, a través de “Doméstica Ñe’e” (La voz de la doméstica, en idioma guaraní), un espacio de radio comunitaria del barrio La Chacarita, en Asunción, cada domingo durante dos horas reivindican sus derechos con audios enviados por oyentes que viven sus mismas situaciones.

“Nosotras tratamos como sindicato de ayudarlas y acompañarlas en lo que está pasando al ser maltratadas o abusadas físicamente, por eso siempre estamos luchando para que puedan conocer sus derechos y apoyarlas”, aseguró a Efe Librada Maciel, integrante del Sindicato de Trabajadoras del Servicio Doméstico de Paraguay (Sintradepy).

Otro de los problemas es la falta de acceso a la educación pues muchas de las niñas que llegan a trabajar en hogares no han completado su formación básica o media.

“Muchas de la compañeras, por ejemplo, desde criaditas (niñas) vinieron porque supuestamente era para continuar el estudio, pero eso es historia”, indicó Marciana Santander, secretaria general de Sintradepy.

“Ahora si viene la chica, entra a trabajar y (..) lo que nosotras hacemos es buscar las formas de capacitación”, agregó.

La regulación

Las mujeres dedicadas a los oficios de hogar han sufrido prejuicios y estereotipos al “no requerir de competencias especiales sino solo habilidades innatas”, asegura Arteta, al advertir que esto dificultó por mucho tiempo la regularización de la actividad.

“Una baja valoración de las tareas de cuidado hacen más difícil que se la reconozca como una actividad laboral o profesional como cualquier otra. Además, se unen prejuicios y desigualdades étnicas y raciales”, añadió la experta.

Ante la discriminación y ser considerado con frecuencia un trabajo no calificado, organizaciones y sindicatos han alzado la voz por el reconocimiento legal de esta labor.

En las últimas cuatro décadas, según la OIT, los marcos legales han cambiado paulatinamente, buscando a partir del año 2000, la equiparación de derechos con otras ocupaciones, con la adopción por parte de la Conferencia Internacional del Trabajo del Convenio 189 y su respectiva ratificación en catorce países de la región.

¿Qué se ha logrado?

Las leyes han amparado a las empleadas para que no sean vulnerados sus derechos.

En Colombia es obligatorio un contrato escrito o verbal, afiliación a seguridad social, primas legales y jornadas dignas de trabajo.

En República Dominicana, la Mesa Intersectorial de Género propuso una ley especial para regular el trabajo doméstico y cumplir con el Convenio 189 de la OIT.

México puso en marcha un programa de cobertura social y médica para más de 2,3 millones de empleadas del hogar, el 4,1 % de su población ocupada y uno de los sectores más desprotegidos y discriminados.

Las empleadas domésticas de Paraguay lograron que el Senado aprobara por unanimidad el proyecto de ley que les garantiza el 100 % del salario mínimo, unos 350 dólares, y no un porcentaje de ese sueldo como se hacía antes.

Una ley en Chile obligó a la formalización con un contrato escrito que debe ser entregado a la Inspección del Trabajo, además de la no obligación de usar delantal fuera del hogar y disminuir la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales.

En Centroamérica, solo Costa Rica ha ratificado el Convenio de la OIT.

“Durante el 2017, la Caja Costarricense de Seguro Social lanzó un programa de extensión de la seguridad social al trabajo doméstico, el nuevo programa busca ampliar la cobertura dando un especial énfasis para la población que labora por jornadas parciales o por horas y además para quienes tienen dos o más empleadores”, detalló Arteta.

Y El Salvador ha permitido la afiliación voluntaria a la seguridad social, pero la tasa de cobertura es muy baja.

La especialista de la OIT resaltó, además, que “en todos los países los sindicatos de trabajadoras domésticas están llevando a cabo campañas de sensibilización” sobre sus derechos.

Además de que “se requiere concienciar al público sobre el valor del trabajo doméstico para las sociedades, sobre los derechos y responsabilidades de los trabajadores y los empleadores y sobre la importancia de formalizar el sector”, como asegura Arteta.


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