Coronado: “El diálogo fiscal debe darse, pero no hay condiciones”

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El representante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para República Dominicana, Miguel Coronado, expresó que no existen condiciones para que se dé un diálogo político que permita alcanzar acuerdos en materia fiscal en el país.

“Hay un tema que al final del día se tiene que dar a nivel de país de dónde quiere estar a nivel fiscal, y también las exoneraciones. Entonces, es un diálogo que se tiene que dar que es político y creo que no están las condiciones en este momento”, dijo Coronado durante una rueda de prensa en el marco de la novena edición de APP Américas 2019, encuentro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y BID Invest.

El representante del multilateral en República Dominicana se refirió al obstáculo que representa la cercanía con las elecciones en la consecución de los acuerdos que quedan pendientes, en materia fiscal y eléctrica. En todo caso, señaló que el gobierno dominicano ha tomado medidas técnicas para mejorar la recaudación de impuestos, con el objetivo de resolver la bajísima presión fiscal de 15 %. “El gran reto está en la recaudación y en tener las herramientas para lograrlo”, expresó.

En otros aspectos, Coronado manifestó que la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP), que el gobierno espera que sea aprobada este año, permite que el país avance de la forma tradicional de concesión, lo que ha estado ocurriendo en toda la región. “Estás creando responsabilidades en la administración pública”, dijo el representante del BID en República Dominicana.

En el caso local, la normativa, además de normar las condiciones de este tipo de contratos, promoverá una gestión distinta de los proyectos. Coronado explicó que la normativa incluye la creación de un Comité de Alianzas Público-Privadas que estará conformado por un representante de los ministerios de Hacienda, de Economía, Planificación y Desarrollo, de la Dirección Nacional de Contrataciones y de la Consultoría Jurídica de la Presidencia. Según lo planteado, Hacienda hará un análisis de carácter fiscal de los proyectos, mientras que el despacho de Economía, Planificación y Desarrollo determinará si los proyectos son susceptibles de funcionar bajo el esquema de APP o, por el contrario, si se manejan bajo los mecanismos tradicionales de concesiones.

El gobierno dominicano está apostando a la incorporación de las APP como un nuevo mecanismo que facilite la inversión en infraestructura. El esquema permite que el Estado supere las limitaciones presupuestarias y que no se tenga que endeudar más para desarrollar proyectos de gran envergadura, pues lo haría una empresa privada, a cambio de la gestión de la obra.


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